Los deberes de los administradores societarios al implementar IA en Colombia.
Los administradores societarios asumen una responsabilidad patrimonial ineludible: el deber de debida diligencia en la toma de decisiones tecnológicas que comprometan a la compañía. Este deber adquiere características de alta complejidad ante la implementación de Inteligencia Artificial, dado que los riesgos desprendidos de los sistemas probabilísticos generan un impacto exponencial si no se estructuran medidas de mitigación desde el diseño. En este escenario, la protección del patrimonio personal del directivo exige demostrar el cumplimiento estricto del estándar del “Buen Hombre de Negocios” y la aplicación de la Business Judgment Rule (Regla de la Discrecionalidad Empresarial).
Estas doctrinas, desarrolladas en la jurisdicción colombiana mediante la Sentencia SC2749-2021, constituyen el núcleo de la conducta exigible a los administradores. La eximente de responsabilidad requiere probar que la decisión fue informada y ejecutada bajo un procedimiento idóneo. En el despliegue de IA, esto se traduce en la obligación de prever y gestionar fallos técnicos como el sobreajuste (Overfitting), la degradación del modelo (Drifting) o las alucinaciones algorítmicas, estableciendo protocolos de contingencia y desconexión funcional (Kill-Switch). Omitir este rigor técnico activa la presunción de culpa (Art. 24 de la Ley 222 de 1995) por violación de la ley o los estatutos, dejando el patrimonio del administrador expuesto si el actuar de la compañía deriva en sanciones de las autoridades administrativas o demandas civiles.
La Inteligencia Artificial no es un software determinista tradicional, sino un motor probabilístico. Su adopción introduce vulnerabilidades atípicas: sesgos discriminatorios, degradación predictiva y fugas de datos confidenciales. Si bien la automatización ofrece un retorno de inversión (ROI) crítico para la competitividad, ignorar la naturaleza de estos riesgos se traduce en la generación directa de daños a terceros, tales como la negación automatizada de servicios, la filtración de información sensible o el incumplimiento de obligaciones contractuales por outputs erróneos.
La materialización de estos daños detona investigaciones administrativas (ej. ante la SIC) y litigios comerciales que impactan el capital societario, derivando inexorablemente en acciones de responsabilidad contra los administradores. Para blindar a la sociedad y amparar las pólizas de directivos (D&O), es imperativo instituir políticas de Gobernanza de IA. Este gobierno corporativo debe operar a través de comités multidisciplinarios encargados de dirimir la fricción operativa entre el costo de la infraestructura de seguridad y la rigurosidad técnica del modelo, temática de gobierno corporativo en la que profundizamos en el siguiente link.
Cumplir con los deberes fiduciarios del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995 exige evidencia de un proceso decisorio informado. Esto hace obligatoria la intervención de comités híbridos donde converjan perfiles jurídicos, tecnológicos y operativos. El área de tecnología aporta la arquitectura de control, mientras que el área operativa define el impacto de un falso positivo en la labor automatizada.
Estas discusiones interdisciplinarias son el único foro válido para resolver los Trade-offs (dilemas de compensación) inherentes al Machine Learning. Los administradores deben decidir conscientemente cómo balancear variables en conflicto: optimizar la Privacidad Diferencial degradando la Precisión (Utility vs. Privacy), o elevar la Exactitud a costa de perder Explicabilidad (Accuracy vs. Interpretability). Documentar la resolución de estos dilemas justifica la fijación de las métricas de fiabilidad y los umbrales de tolerancia al riesgo. La arquitectura de estos comités interdisciplinarios, sus facultades vinculantes y su rol en la generación de este acervo probatorio es el eje que profundizamos en el siguiente enlace.
La inutilidad operativa sin material probatorio (Actas y Evidencia Forense)
La diligencia directiva que no puede ser probada es jurídicamente inexistente. La mitigación de riesgos vinculados a la IA requiere una trazabilidad documental y técnica absoluta para enfrentar un juicio de responsabilidad civil. El acervo probatorio debe integrar las actas de los comités de decisión respaldadas por la arquitectura forense del sistema.
Es innegociable la recolección de logs (registros de eventos del algoritmo) asegurados mediante técnicas de criptografía, específicamente sellado Hash y Timestamping (sellado cronológico de tiempo). Esta arquitectura forense es el único mecanismo técnico que garantiza la integridad, inalterabilidad y posterior repudiación de la evidencia digital, cumpliendo con los estándares de validez jurídica exigidos por el Artículo 9 de la Ley 527 de 1999.
Conclusión
En conclusión, delegar la adopción de Inteligencia Artificial exclusivamente a los departamentos de tecnología o marketing constituye una negligencia administrativa grave. La IA transforma el perfil de riesgo corporativo, exigiendo que la alta gerencia asuma el control de la gobernanza algorítmica. Solo mediante la integración de auditorías técnicas (Logs/Hash), evaluaciones legales de los trade-offs probabilísticos y la documentación exhaustiva del proceso decisorio, los administradores podrán invocar la Business Judgment Rule como un escudo patrimonial efectivo ante la jurisdicción colombiana.
Contenido elaborado el [26/03/2026] por William Bernal Mateus, abogado tecnológico. Esta información es exclusivamente informativa y no constituye asesoría jurídica ni consulta legal vinculante.