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Áreas de practica

La integración de Inteligencia Artificial en el entorno corporativo conlleva riesgos jurídicos y exigencias de cumplimiento que requieren una gestión técnica y legal integral. Una implementación sin la debida diligencia deriva en litigios contractuales, sanciones administrativas y una exposición directa del patrimonio personal de accionistas y administradores.

Diagnostico de exposición jurídica

Servicio de evaluación jurídica para empresas que ya cuentan con sistemas de Inteligencia Artificial en operación. Su objetivo es analizar la arquitectura tecnológica implementada, junto con las políticas de gobierno corporativo de la compañía, y determinar si se tiene capacidad real de gestionar y mitigar los riesgos jurídicos inherentes.

Este análisis gira sobre cuatro ejes normativos críticos: el cumplimiento legal en la captura y procesamiento de datos personales, los riesgos de propiedad intelectual sobre el entrenamiento y las salidas del modelo, la exposición a responsabilidad civil derivada de fallos o decisiones automatizadas, y la evaluación del estándar de debida diligencia de los administradores.

Contrario a la percepción de vacío legal, la Inteligencia Artificial en Colombia cuenta con un marco regulatorio vinculante en materia de protección de datos personales. El uso de información de clientes, proveedores o colaboradores en sistemas algorítmicos constituye una operación de tratamiento que exige el cumplimiento estricto de las Circulares 002 y 003 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Reglamentación que exige entre otras cosas demostrar:

  • Privacidad desde el Diseño.

  • Identificación y Medición de Riesgos.  

  • Evaluación de Impacto en el Tratamiento de Datos (EIPD). 

El objetivo final es asegurar que la empresa cumpla con el principio de responsabilidad demostrada en el manejo de Inteligencia Artificial evitando sanciones y multas. 

El administrador y la sociedad, como ente empresarial, deben demostrar un proceso de debida diligencia en la toma de sus decisiones relacionadas con la Inteligencia Artificial. Este estándar no se agota con la simple adquisición de la tecnología; exige que cada acción sea informada y ejecutada bajo un procedimiento idóneo.

En el contexto algorítmico, la debida diligencia implica la capacidad de demostrar que se entienden los múltiples riesgos asociados a la IA (opacidad, sesgo, alucinación y seguridad de datos) y que estos son controlados mediante un sistema de gobierno corporativo específico. Este sistema es el único mecanismo capaz de proteger la estabilidad de la empresa y el patrimonio personal del administrador ante posibles investigaciones o litigios.

Contratar servicios de Inteligencia Artificial de Applied AI Provider requiere entender sus particularidades tecnológicas con el fin de plasmar en el contrato un correcto manejo de riesgos.  Usar modelos contractuales de tipo SAAS implica exponerse ante incumplimiento del proveedor por alucinaciones o falta de fiabilidad, es necesario establecer clausulas sobre reporte de métricas de fiabilidad y pruebas anti drifting. 

Nuestra gestión jurídica aborda los dos frentes críticos de conflicto en el mercado: la interposición de quejas cuando las prácticas de un competidor vulneran los intereses de la compañía, y la defensa técnica especializada en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inicie una investigación administrativa sancionatoria contra el cliente. Esta visión integral permite mitigar las distorsiones derivadas de las asimetrías en mercados de alta complejidad, garantizando seguridad jurídica tanto en la protección del negocio como en la respuesta ante la autoridad.”

Acompañamiento en quejas por conductas anticompetitivas de competidores y terceros.

Presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no es solo relatar un problema; es mostrar una afectación dentro de un mercado particular. Nuestra asesoría traduce el daño que sufre su empresa en como un competidor está violando los principios de la libre competencia y afectando la eficiencia económica. Esto es clave para indicarle a la autoridad la importancia de caso y respaldar la solicitud de medidas cautelares que frenen el comportamiento del competidor. 

Enfrentar un proceso administrativo por libre competencia exige una defensa técnica que domine las reglas específicas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). No es una gestión jurídica generalista; requiere un conocimiento profundo de los precedentes administrativos que definen cada mercado en Colombia. Nuestra intervención se orienta a una defensa alineada con la realidad económica de su sector y con la jurisprudencia administrativa vigente. 

La etapa de indagación preliminar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es el momento de mayor exposición para una compañía. Las visitas administrativas, los requerimientos de información y las declaraciones espontáneas no son actos de trámite; son actuaciones donde se define la viabilidad de una investigación formal. 

Nuestro acompañamiento técnico se enfoca en el aseguramiento del debido proceso desde el primer contacto con la autoridad. Intervenimos para delimitar el alcance de las facultades de inspección, verificando que la solicitud de documentos y el acceso a sistemas de información se ajusten estrictamente al objeto de la visita. 

La implementación de algoritmos de precios (Pricing Algorithms) introduce el riesgo crítico de colusión algorítmica, donde sistemas autónomos pueden coordinar niveles de precios o repartición de mercados sin una instrucción humana directa. Para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autonomía del sistema no elimina la infracción; por el contrario, puede ser interpretada como una práctica restrictiva de la competencia que genera sanciones severas para la compañía y responsabilidad personal para sus administradores. 

Nuestra asesoría se enfoca en establecer un marco de control jurídico sobre el funcionamiento del algoritmo. 

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